UCAB / Repudio universitario al abrupto cierre de 34 emisoras

El Consejo de Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, en reunión extraordinaria y de emergencia, manifiesta su rechazo ante lo que considera una arremetida oficial contra la libertad de expresión en Venezuela, a través de acciones que afectan de forma directa a gran parte de la población del país.
El cierre de 34 emisoras, como previo de un total de 240, anunciado por el director de Conatel y ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, en la noche del viernes 31 de julio, le resta oportunidades a la ciudadanía de tener acceso a informaciones, de transmitir sus quejas, reclamos e inquietudes, y de expresar su opinión de forma libre y crítica frente a la actuación de las autoridades, en el medio de su preferencia.
Manifestamos nuestro repudio categórico a que los procedimientos administrativos seguidos contra las emisoras clausuradas, se hayan ejecutado sin respetar el derecho a la defensa y al debido proceso de los titulares de las concesiones de tales medios de comunicación
El cierre intempestivo y masivo de emisoras de radio, luego de que las mismas han venido funcionando y transmitiendo a lo largo del tiempo, con el conocimiento y reconocimiento de la propia autoridad, hace presumir una intención de ejercer una conducta de censura indirecta contra medios que se han manifestado en desacuerdo con las posturas oficialistas. La excusa es la aplicación de un procedimiento administrativo, lo que deja entrever una clara desviación de poder como cortapisa de las libertades de expresión e información, el pluralismo comunicacional y el libre flujo de información e ideas en nuestra sociedad.
Este hecho revela una estrategia general de medidas administrativas, legales, impositivas del gobierno nacional para criminalizar y coartar la libertad de expresión, de manera tal que se produzca un silencio global a la crítica de la gestión del gobierno. Con este entramado legal se deja desvalida a la población venezolana ante la acción de las autoridades públicas, con lo que queda abierta la posibilidad de que se avalen el abuso, la corrupción y la ineficacia, y se le reste poder al pueblo en su función contralora de la gestión gubernamental.
La experiencia reciente del país con respecto a la reasignación de concesiones ha demostrado el contundente fracaso de la pretendida democratización del espectro radioeléctrico, pues se sustituyen canales efectivos de comunicación por otros que dejan mucho que desear por la falta de calidad técnica y por la sustitución de contenidos propios por otros importados, lo cual ha sido rechazado por los venezolanos con la baja sintonía.
Sorprende la propuesta de la Fiscal General de la República ante la Asamblea Nacional de presentar un proyecto de ley contra los delitos mediáticos, que de materializarse, acabaría con el ejercicio del periodismo, en tanto que penaliza por acción y omisión. Es decir, implicaría una autocensura no sólo para los dueños de medios y periodistas, sino para las fuentes generadoras de noticias, incluyendo a la gente de las comunidades que no podría expresar los problemas que le aquejan. Preocupa igualmente la criminalización constante contra la libertad de expresión en el sentido de descalificar a los medios de comunicación, a los periodistas, trabajadores y a las universidades que forman profesionales del área.
El Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos no es sino un intento político de darle un marco legal a la censura previa en el ejercicio del periodismo en Venezuela, y peor aún, convierte en delito el pensamiento y su expresión. En dicho anteproyecto se establecen delitos que tipifican conductas ambiguas y generalistas, que pueden dar pie a cualquier interpretación a los fines de justificar la aplicación de penas privativas de libertad. Como catedráticos rechazamos la acuñación de este término, que no tiene ningún fundamento teórico. Basado en una serie de ambigüedades, que les deja a la discreción de un funcionario, lo que es o no una infracción de la ley, este proyecto no sólo condena lo que se dice, sino lo que se deja de decir, lo que representaría un instrumento perfecto para acallar la disidencia, limitar el periodismo libre y crítico, y convertirlo en un vocero del gobierno.
La artillería legal avanza en este sentido con los proyectos de reforma de la Ley del Ejercicio de Periodismo y de la de Educación, los proyectos de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, y de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, que responden más que a una pretendida democratización de los medios de comunicación social, al establecimiento de una “hegemonía comunicacional”, es decir, una dictadura mediática, orquestada por el Poder Ejecutivo.
Evidentemente, existe la intención estratégica de desviar la atención de la ciudadanía acerca de los graves problemas que afectan al país, relacionados con la inseguridad, conflictividad laboral, alto costo de la vida, desempleo, niveles de corrupción en los entes públicos, desabastecimiento agroalimentario, carrera armamentista e intervencionismo internacional entre otros.
Adicionalmente, el referido anteproyecto de ley y otros vinculados con la libertad de expresión e información, están repletos de conceptos jurídicos imprecisos que no se encuentran previstos dentro de las restricciones y los límites contemplados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Lo que está en juego es la libertad de expresión e información como derechos consagrados en los artículos 57 y 58 de la constitución venezolana, también peligra la libertad de la audiencia para elegir la información y el momento adecuado para acceder a ella. La libertad de expresión e información es un derecho de doble vía que conlleva deberes por parte del Estado y de la población. La Ley de Procesos Electorales no reconoce la existencia de las minorías y con las leyes antes referidas la voz de estas minorías ni siquiera tendrá espacio en los medios de comunicación social, desarticulando los principios fundamentales del sistema democrático consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Con acciones como las descritas se cierra definitivamente el capítulo democrático de Venezuela.


Caracas, 3 de agosto de 2009.


Tiziana Polesel
C.I. 5.971.305
Directora
Escuela de Comunicación Social
Universidad Católica Andrés Bello

Podrían cerrar el periódico dominical The Observer

La presidenta de la compañía Guardian Media Group, Carolyn McCall le contó alTimes (en inglés) que el Grupo está pensando cerrar el periódico dominicalmás antiguo del mundo, The Observer, según informa la agencia de noticasEFE.
Londres, ago 04.- La empresa, propietaria también del periódico británico The Guardian, intenta disminuir sus pérdidas, que el año pasado alcanzaron los 90 millones de libras.
La junta del Scott Trust, fundación creada para garantizar la permanencia de The Guardian , mas no de The Observer, considera también la posibilidad de convertir el dominical en un magazín que circule a mitad de la semana, para evitar su desaparición.
De efectuarse el cierre, éste sería otro caso de periódicos afectados drásticamente por la crisis en los medios de comunicación escritos.
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http://knightcenter.utexas.edu/blog/?q=es/node/4802

Tras la mediación de Clinton, Corea del Norte liberó a las dos periodistas estadounidenses presas

Pyongyang, ago 04 (Telam).- El ex presidente norteamericano Bill Clinton se reunió hoy con el líder norcoreano Kim Jong Il para negociar la liberación de las jóvenes que habían sido condenadas a 12 años de trabajos forzados por entrar ilegalmente al país. Luego del encuentro, los medios locales dieron a conocer la decisión.
La reunión se dio en el marco de una insólita visita sorpresa a un país con el que la Administración de Barack Obama ha mantenido una relación inicial tensa y alterada por una prueba nuclear efectuada por Pyongyang el pasado mes de mayo. Horas después de la reunión los medios norcoreanos han anunciado desde Pyongyang que Kim otorgó un "perdon especial" a las dos periodistas, Laura Ling y Euna Lee, quienes serán puestas en libertad.El hecho de que Kim Jong Il, poco dado a aparecer en público, haya recibido al ex presidente de EE UU y se haya fotografiado con él, ha llevado a los analistas políticos de Washington a pensar que Corea del Norte busca un nuevo comienzo con EE UU, después de unos meses en los que parecían apagarse las esperanzas de que la llegada de Obama a Washington significara un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales.El encuentro, de hecho, fue más allá de la petición formal de que Pyongyang libere a las dos periodistas Laura Ling y Euna Lee, detenidas por soldados norcoreanos el pasado mes de marzo cuando grababan un documental sobre el tráfico de mujeres en aquel país. Según la televisión oficial del régimen, Central TV, los dos políticos "intercambiaron un amplio abanico de opiniones sobre asuntos de interés mutuo". Los medios estatales revelaron, además, que Clinton le entregó al líder norcoreano un mensaje verbal de Obama, algo que la Casa Blanca ha negado.La sospecha de que Clinton podía ser un enviado no oficial de la Casa Blanca la refuerza el hecho de que le acompañara John Podesta, que fue su último jefe de gabinete y que organizó la transición de poder para Obama el pasado mes de enero. A ambos les recibió en el aeropuerto de Pyongyang el negociador jefe en asuntos nucleares, Kim Kye-gwan.La esposa del ex presidente, Hillary Clinton, que este martes comenzó un viaje oficial a África, declinó opinar sobre el viaje. La Secretaria de Estado no es la persona más popular del momento en Corea del Norte. A finales de julio creó una pequeña crisis diplomática al decir, en una visita a India, que los norcoreanos son "adolescentes rebeldes, gente que busca atención". Un portavoz anónimo del Ministerio de Asuntos Exteriores de aquel país respondió, en un comunicado: "Sus palabras sugieren que no es inteligente... A veces parece una niña de primaria y otras una pensionista que va a hacer la compra".Sin embargo, con su marido, hubo más cordialidad. Clinton es un líder popular en el país asiático, el último presidente que envió a su secretaria de Estado, Madeleine Albright, a Pyongyang, en 2000. Aquel mismo año, el entonces presidente estuvo apunto de acudir en persona a reunirse con Kim Jong Il, tratando de cerrar un acuerdo para que el dictador aceptara desmantelar su arsenal de misiles. Al final la visita se canceló, ya que Pyongyang se resistía a cerrar un acuerdo definitivo.Las relaciones, durante los ocho años de la administración de George Bush, fueron ásperas. Kim Jong Il reinició su programa de enriquecimiento de plutonio y lanzó su primera prueba nuclear, en 2006. Bush se unió a una ronda de negociaciones con Corea del Sur, China, Japón y Rusia, tratando de llegar a un pacto para que Pyongyang aceptara renunciar a su programa nuclear. Finalmente se llegó a un acuerdo y el ex presidente eliminó al país de la lista de países que apoyan el terrorismo.Este año, con Obama, las relaciones volvieron a mínimos históricos. Kim Jong Il permitió un ensayo nuclear y diversos lanzamientos de misiles en pruebas. La embajadora de Obama en la ONU, Susan Rice, dijo el 12 de junio que "esos actos provocativos y temerarios tienen un coste, y Corea del Norte pagará un precio por sus actos".Ya en 1994 el ex presidente Jimmy Carter visitó al padre del actual dictador, Kim Il Sung, con la bendición de Clinton, que entonces ocupaba el Despacho Oval. Meses después, EE UU y Corea del Norte llegaron a un histórico acuerdo en materia nuclear. Si aquella experiencia sirve de precedente, puede que Clinton consiga mucho más que liberar a las dos periodistas cautivas.